Consecuencia del incumplimiento de la «Prohibición de despedir»: ¿improcedencia o nulidad del despido?

A lo largo de los últimos meses se ha ido evidenciando la ausencia de una doctrina jurisprudencial unificada que determine si aquellos despidos que se han realizado como consecuencia de la COVID-19 deben ser calificados como despidos nulos o únicamente improcedentes.

 

Este debate se inició con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

 

El artículo 2 de la precitada norma excluye como causa justificativa de una extinción contractual o de un despido las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, esto es: la norma invalida todas aquellas extinciones o despidos amparados en fuerza mayor por causa directa del COVID 19 o en causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o productivas) relacionadas con el COVID 19.

 

Si bien es cierto que la norma parece clara en cuanto a su contenido, no lo es tanto en cuanto a las consecuencias de su incumplimiento, y lo cierto y verdad es que, por ahora, la decisión sobre los efectos de la inobservancia de esta norma ha quedado en manos del criterio del tribunal de lo Social que por turno corresponda, dando lugar esta situación a un importante debate doctrinal que todavía no ha sido resuelto, con la inseguridad jurídica que ello conlleva.

 

A continuación, realizamos un breve comentario de las dos principales sentencias emitidas al respecto:

 

  • Sentencia del Juzgado de lo social N.º 3 de Sabadell, de 6 de julio de 2020:

En la que la Magistrada, atendiendo, por un lado, a las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, encaminadas a fomentar la suspensión total o parcial de contratos para afrontar la situación de la pandemia, y por otro lado, al evidente objetivo del legislador de urgencia de evitar la destrucción de empleo, hecho que se viene a confirmar en el posterior Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo y su «prohibición de despedir», señala que esta forma de actuar supone un fraude de ley, «…pues la empresa se ampara en causa inexistente para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico …», situación que, según indica la Magistrada, debe tener como consecuencia la nulidad del despido ya que, según el razonamiento seguido, si la consecuencia del incumplimiento de la norma es la improcedencia del despido no se estaría respetando el espíritu de la norma.

 

  • Sentencia del Juzgado de lo Social N.º 26 de Barcelona, de 31 de julio de 2020:

En la que razona el Magistrado, conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial, que la calificación de un despido sin causa debe ser la improcedencia.

Aunque en estos casos el despido hubiera sido realizado en fraude de ley, es importante tener en cuenta que el régimen general de esta figura impone como consecuencia del fraude la aplicación de la norma que se trata de eludir y no la nulidad del acto llevado a cabo, de tal modo que la nulidad únicamente se establece para aquellos actos jurídicos contrarios a la ley cuando no se prevea un efecto distinto en la norma, y es algo pacifico que, en relación con el despido, la norma establece de una manera muy clara que la nulidad queda reservada para los casos más graves, estos son los previstos en el artículo 55.5 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 

Yurena Díaz Teruel
Derecho Laboral y de Empleo

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